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En 1965, el gobierno federal comenzó a garantizar préstamos educativos provistos por instituciones bancarias y prestantes sin fines de lucro con la creación del ahora llamado Programa Federal de Préstamos para la Educación Familiar (por sus siglas en inglés, FFEL: Federal Family Education Loan Program). Bajo el Acta Nacional para la Defensa de la Educación de 1958, los primeros préstamos educativos federales fueron provistos usando préstamos directos con capital de Fondos de la Tesorería de Estados Unidos. Estos préstamos educativos federales fueron recomendados originalmente por el economista Milton Friedman.

Cuando el Congreso buscó expandir el Programa federal de préstamos para la educación, las normas presupuestarias hicieron más atractivo el sistema de garantías. Los préstamos directos, bajo las prevalecientes normas presupuestarias en ese momento, tendrían que presentarse como pérdidas en el presupuesto del año en que fueron realizados, aunque la mayoría de los préstamos tuvieran que pagarse con intereses en los siguientes años. Un préstamo garantizado, por contraste, parecería no tener costos de presupuesto inicial en absoluto. Estos préstamos garantizados otorgaron la completa confianza y el crédito de los Estados Unidos; mientras que, respaldados por un préstamo de la banca privada, no incurriría pagos para el gobierno por faltas o subsidios hasta años después. Algunos de los economistas se preocuparon de que el gobierno estuviera realizando compromisos financieros sin pensar en las consecuencias.

No fue sino hasta 1990 que los economistas obtuvieron lo que querían. Así, el entonces presidente, George H. W. Bush, firmó el Acta de Reforma Federal para todos los programas del gobierno. Todos los préstamos comerciales o los préstamos realizados directamente por la agencia federal tendrían, en última instancia, que rendir cuentas por sus gastos e ingresos a largo plazo, mismos en los que cada programa de préstamo tendría ahora un estimado “costo subsidiario”.

“Costo subsidiario” se refiere a la cantidad de dinero que es necesario apartar después de que el préstamo ha sido realizado, con la finalidad de cubrir los costos del gobierno mientras dure el préstamo. El enfoque anterior, de acuerdo con la Oficina de Contabilidad del Gobierno, “distorsionó los costos y no reconoció la realidad económica de las transacciones”. El nuevo enfoque “provee transparencia sobre el costo subsidiario total estimado por el gobierno más que calcular los costos en base a la liquidez de capital después de años y años de pagos realizados y recibos cobrados”.

Los programas de préstamos educativos fueron los primeros entre los afectados, sin embargo, este enfoque más racional en cuanto al presupuesto ayudó a cambiar la naturaleza de las decisiones políticas en Capitol Hill.

En 1992, el Congreso creó un programa piloto de préstamos directos. Esto sucedió debido al análisis provisto por la administración de Bush, que indicaba que los préstamos directos serían más simples de administrar y terminarían siendo menos costosos que los préstamos garantizados. Como parte del plan de reducción del déficit del recién electo presidente, Bill Clinton, propuso reemplazar el programa de garantías por una aproximación directa en 1993. Desde todas las estimaciones, los préstamos directos ayudarían a entregar los mismos préstamos a estudiantes a un costo mucho menor para los contribuyentes.

El Congreso aprobó una iniciativa de ley de reconciliación del presupuesto como parte de sus acuerdos presupuestarios en 1993, el cual estaba diseñado para hacer aparecer progresivamente los préstamos directos, comenzando por las escuelas que estuvieran dispuestas a participar. Estas escuelas accedieron dar a la Secretaría de Educación la facultad de requerir a las escuelas cambiarse a las nuevas disposiciones hasta que el porcentaje de los préstamos nacionales fueran préstamos directos. La ley dictó oficialmente que los préstamos directos reemplazaran a los garantizados, aunque no cubrió lo que pasaría más allá del 60 porciento, ya que estas cifras se estancarían fuera del presupuesto en un espectro de 5 años. El nuevo liderazgo republicano de 1994 quiso eliminar completamente los préstamos directos; sin embargo, muchas de las universidades y escuelas oficiales han quedado insatisfechas con el sistema de préstamos garantizados y han considerado a los préstamos directos como una alternativa viable.

Bajo el sistema de garantías, los administradores financieros debían lidiar con la Oficina de Contabilidad del Gobierno, lo que implicaba un proceso complicado y burocrático a cargo de miles de intermediarios. En ese momento, cientos de instituciones estaban ya participando en el programa de préstamos directos, mismo que operaba en conjunto con otros programas federales de apoyo.

Al final, el Congreso no eliminó completamente los préstamos directos; en su lugar, aprobaron una nueva ley que prohibía al DOE (por sus siglas en inglés: Department of Education) requerir o incluso promover entre las instituciones educativas un cambio hacia el programa de préstamos directos. Esto se realizó con el objetivo de ayudar a las escuelas a maximizar sus opciones, mientras se les permitía escoger en cuál programa deseaban participar. Eso permitió a quienes se beneficiaban del sistema de garantías usar sus considerables recursos para conservar y atraer escuelas y universidades, cuando el programa de préstamo directo no había sido capaz de lograrlo. La participación del campus en el programa de préstamos directos declinó.

Un equipo de reporteros, en el World Report and US News en 2003, observó las posibles causas de que algunas escuelas hayan tomado la decisión de regresar al programa de garantías. Hallaron que la industria del préstamo educativo “usaba dinero y favores” para obtener lo que quisieran de sus amigos en el Departamento de Educación y del Congreso.

Para el 2007, el programa de préstamos directos había alcanzado su punto más bajo de participación por volumen desde que comenzara en 1990. Esta tendencia se revirtió en 2008, como interrupciones de crédito en 2008 y 2009, amenazaron la capacidad de los prestadores privados para realizar nuevos préstamos bajo el programa federal de préstamos educativos garantizados, lo que causó que bastantes prestadores cesaran su participación en el programa. Muchas de estas escuelas cambiaron al programa de préstamos directos en 2008, lo que ocasionó que la participación por volumen de préstamos incrementara.

Las reacciones legislativas con respecto a las preocupaciones del mercado de créditos también modificaron completamente la estructura y operación del programa FFEL. En mayo del 2008, el Congreso y el presidente Bush promulgaron un plan temporal que permitía al DOE comprar préstamos garantizados hechos por prestadores privados. El producto del programa sería usado para la creación de nuevos préstamos educativos. Este programa temporal fue llamado ECASLA, siglas de Ensuring Continued Access to Student Loans Act (Acta para Garantizar el Acceso Continuo a Préstamos Educativos, en español), y marcó un cambio histórico dentro del programa de préstamos garantizados pues permitió a los prestadores privados hacer uso de capital federal para crear préstamos educativos. En este aspecto, el nuevo programa compartió algunas características con el programa de préstamos directos.

El presidente Barack Obama propuso la eliminación del programa FFEL en su solicitud de presupuesto al Congreso en el 2010. Su argumento aseguraba que los subsidios otorgados a los prestadores privados bajo el auspicio del programa eran innecesarios, además de que se podría economizar esos costos si los préstamos educativos fueran provistos a través de un programa de préstamos directos.

El Congreso decidió aprobar y Obama firmó una nueva iniciativa de ley que eliminaba completamente el programa FFEL para los nuevos préstamos después del 1ro de julio de 2010. Después de esta fecha, todos los nuevos préstamos debían realizarse mediante el Programa de Préstamos Directo. La eliminación del programa generaría más de $68 mil millones en ahorros durante la próxima década, según estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso. El programa Pell Grant significó una aportación para los ya mencionados ahorros